La sentencia de esta Sala concluye que la sentencia recurrida no efectúa un análisis lógico de las pruebas practicadas, pues la demandante ya poseía la declaración de gran invalidez por parte de la Seguridad Social, estando afecta a limitaciones de movimiento tales que impedían su normal deambulación, al tener paralizadas las piernas y precisar de silla de ruedas.

De los informes periciales aportados se deduce que la afectada precisa de ayuda de otra persona salvo que el medio esté adaptado, por lo que entiende la Sala que, si un trayecto no tiene barreras arquitectónicas, se facilita el movimiento del parapléjico en una silla de ruedas, pero ello no significa que pueda entenderse que deja de precisar la ayuda de terceras personas para el resto de sus actividades. El hecho de que la afectada haya obtenido permiso de conducir vehículos adaptados, no significa que no necesite ayuda de tercera persona, ya que no se puede penalizar a quien con su sacrificio personal y capacidad de autosuperación consigue avanzar (limitadamente) para mitigar su déficit de movilidad. Mantener lo contrario sería desincentivar la reinserción de los parapléjicos.

Por ello declara que, al incluir el baremo de la tabla IV del anexo de la Ley 8/2004 la paraplejia como secuela permanente susceptible de integrar el concepto de gran invalidez, así como que si bien este requiere la ayuda de otra persona, dado que no se concreta que la ayuda haya de ser integral, no se aprecian razones para excluirla en este caso.

Fuente: Economist&Jurist.es