Fue precisamente la patronal la que presentó ayer, en la sede del Ministerio de Justicia, una herramienta capaz de simplificar los cálculos y trámites para dictaminar, según los datos que se introduzcan, quién y cuánto debe cobrar como indemnización en caso de accidente de tráfico. La aplicación, gratuita y que ya se puede descargar a través del market de Google Chrome, es “un paso más en el plan por reducir la litigiosidad preservando los derechos de las víctimas”, según señaló Rafael Catalá, ministro de Justicia en funciones y uno de los principales valedores de la calculadora del baremo.
Para evitar posibles irregularidades en los cálculos y las variables de la aplicación, en el desarrollo se ha contado con la supervisión de varios de los miembros del comité asesor que elaboró el nuevo baremo, incluyendo al representante de asociaciones de víctimas. “Con esto hemos querido garantizar que el programa cuenta con una total independencia y objetividad”, explicó Manuel Mascaraque, director del área de seguros generales de Unespa. La calculadora dista mucho de ser un juguete, pese a que simplifica enormemente la normativa, se trata de páginas y páginas de formularios a rellenar con los datos de las víctimas, lo que hace que resulte algo engorrosa aunque de uso extremadamente intuitivo.
Una herramienta solicitada por todos
El nuevo baremo presenta una aplicación mucho más compleja que la legislación anterior debido a todas las variables que tiene en cuenta a la hora de determinar las indemnizaciones que le corresponden a las víctimas (lucro cesante, gastos médicos futuros, nuevos tipos de familias, etc.). Tanto es así, que varios expertos señalan que incluso se corre el riesgo de que, por falta de entendimiento, no sólo no se reduzca la litigiosidad, sino que se vea aumentada. “La herramienta es vital para facilitar la correcta aplicación de la normativa”, señala al teléfono José Pérez Tirado, representante de las asociaciones de víctimas en la comisión de expertos que elaboró la normativa. Pérez Tirado cuenta, además, que la calculadora “ha sido un proyecto muy ilusionante y necesario que cuenta con el beneplácito de las asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico”.
Por su parte, Pilar González, presidenta de Unespa, admitó que “es cierto que, al pasar de una indemnización general a valorar concepto específicos se hace todo mucho más complejo”. “Esa es la razón por la que la calculadora es tan útil. La norma no tendrá el éxito que se le presupone si se la trasladamos con dificultad a los terceros que se acerquen fuera del sistema judicial”, apunta la presidenta.
Otro de los aspectos más destacados de la calculadora es que permite una mayor previsibilidad de las cuantías, para las víctimas, pero, sobre todo, para las compañías de seguros. El margen de beneficio de estas empresas se fundamenta en gran medida a partir de los pronósticos que se realizan en conceptos de indemnización y es ahí donde la calculadora puede ser vital.
“Estimamos que, con el paso a la nueva legislación, los costes de las compañías de seguros se incrementarán en torno a un 8%, por lo que es importante que existan facilidades a la hora de cuantificar las indemnizaciones que van a acometer a lo lago del año”, indicó González. La presidenta de la patronal contó, además que dependrá de la política de cada compañía el internalizar ese coste adicional el traspasarlo a sus clientes en forma de un aumento de la póliza.
El ministro de Justicia se congratuló por el anuncio de la calculadora de indemnizaciones que, según expresó, “pone al servicio de los ciudadanos una herramienta propia de una sociedad justa, transparente y que se apoya en las nuevas tecnologías”.
Nueva regulación del peritaje
La nueva legislación, con la despenalización de los juicios de faltas, obliga a las víctimas de accidentes de tráfico a acudir a un peritaje privado en caso de que estén en desacuerdo con el llevado a cabo por parte de las aseguradoras. En este ámbito ha querido tomar medidas el Ministerio de Justicia que, el pasado viernes, aprobó un Real Decreto por el cual los particulares pueden solicitar la realización de la prueba de forma gratuita. El pertitaje público se realizará en los Institutos de Medicina Legal.“Se trata de organismos públicos que expedirán el documento que corresponda y que merecen toda la confianza por parte de los españoles”, explicó Catalá.
“Esto evitará que algunas reclamaciones no puedan efectuarse por falta de medios”, comenta Pérez Tirado, que, además, quiso hacer un llamamiento a las compañías de seguros para que “se responsabilicen de las indemniaciones, sobre todo entre los lesionados leves que, por no querer meterse en un juicio, a veces dejan pasar un dinero que les corresponde”.
Fuente: CincoDias.com